La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido incoar expediente sancionador a Iberdrola Generación por su actuación previa a la subasta del pasado diciembre y que el Gobierno anuló para evitar una subida de la luz del 11%.
Según publica la CNMC en su web, Iberdrola puede ser sancionada en base al artículo 60, apartado 15 de la Ley del Sector Eléctrico en vigor en aquellas fechas . Éste establece que es "una infracción muy grave" la "manipulación fraudulenta que altere precio"
La investigación se centra en varias instalaciones de las cuencas de los ríos Duero, Tajo y Sil, donde la entidad podría haber retenido el agua. Según el organismo regulador, la compañía eléctrica pudo haber infringido el artículo 60 de la antigua ley eléctrica, lo que supondría una sanción grave de hasta 30 millones de euros si se demuestra que las acusaciones responden a la verdad.
FACUA-Consumidores en Acción espera que, de confirmarse las gravísimas irregularidades, Competencia aplique la multa máxima que fija la ley para las infracciones muy graves.
La asociación advierte que las irregularidades constatadas por la CNMC ponen de manifiesto una vez más la necesidad de desarrollar una auditoría histórica sobre el déficit de tarifa con el objeto de determinar si las eléctricas han venido hinchando artificialmente los precios de la luz desde la liberalización del sector emprendida hace década y media.
Iberdrola ha negado hasta la fecha haber cometido irregularidades sobre manipulación de precios en torno a la subasta. La CNMC abrió un análisis sobre aquellos días y, en un primer informe, determinó que se habían producido "movimientos atípicos" y quedó pendiente de concluir un segundo informe.
En el caso de la eléctrica que dirige Ignacio Sánchez Galán se ha convertido en expediente sancionador. La incoación no prejuzga si terminará siendo sancionada o si se archivará el caso. El organismo dispone ahora de un máximo de dieciocho meses para decidir.
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El País:
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció este martes la apertura de un expediente sancionador contra Iberdrola por la sospecha de manipulación fraudulenta para alterar los precios en el mercado mayorista de la electricidad. La investigación se centra en varias instalaciones de las cuencas de los ríos Duero, Tajo y Sil, donde la entidad podría haber retenido el agua. Según el organismo regulador, la compañía eléctrica pudo haber infringido el artículo 60 de la antigua ley eléctrica, lo que supondría una sanción grave de hasta 30 millones de euros si se demuestra que las acusaciones responden a la verdad.
Los hechos sobre los que investiga Competencia se remontan a las fechas comprendidas entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, cuando pudieron producirse las supuestas alteraciones en el precio del mercado mayorista (o pool), que es donde se fijan los precios de generación de la electricidad. Entonces, la sala de Supervisión Regulatoria encargó a la Dirección de Energía del organismo que iniciase el pertinente estudio de la situación, lo que se conoce como la primera fase de la investigación.
Tras las pesquisas, el supervisor detectó anomalías que han dado lugar a la segunda fase, es decir, el expediente sancionador. Ahora se abre un plazo de 18 meses para tomar una resolución, aunque la CNMC advierte de que la incoación no prejuzga si terminará siendo sancionada o si se archivará el caso. En esta nueva fase, los reguladores volverán a solicitar a la empresa información, sobre la producción eléctrica en aquellas fechas sobre la que, al parecer, no quedaron satisfechos en la primera. Y en el supuesto de que decida imponer una multa, la empresa puede recurrir a la Audiencia Nacional.
Las maniobras supuestamente contrarias a la Competencia tuvieron lugar de forma previa a la 25ª Subasta Cesur, celebrada el 19 de diciembre y que arrojó un alza del precio de la luz del 11% para los consumidores. No obstante, el Gobierno decidió anularla e implantar un nuevo sistema para fijar los precios. Pero ese cambio, que modificó la fórmula de subastas para evitar posibles manipulaciones de instalaciones eléctricas, no afecta a esta investigación.
Precisamente, la CNMC también investigó la citada subasta del 19 de diciembre, aunque dio carpetazo al asunto tras no encontrar pruebas que permitiesen demostrar la manipulación por parte de ninguna de las 36 compañías eléctricas y firmas de intermediación financiera que participaron en ella. Con esa decisión, la comisión dejaba en evidencia uno de los argumentos con los que el ministro de Industria, José Manuel Soria, justificó la anulación de la subasta. El ministro dijo entonces que había indicios de que los participantes habían cometido una “burda manipulación”. El expediente abierto ahora viene a reforzar, sin embargo, los argumentos del ministro.
El supervisor advirtió entonces de la existencia de la investigación sobre Iberdrola, ligada a la subasta, pero con otro expediente. Fuentes del sector se amparan en el precedente de la investigación de la subasta para argumentar que hay muchas posibilidades de que, tras la aportación de datos de la empresa, este proceso también se cierre sin sanción.
La empresa que preside Ignacio Sánchez Galán emitió este martes un comunicado en el que niega “rotundamente haber realizado cualquier tipo de manipulación sobre los precios ofertados por sus instalaciones de generación eléctrica” y ha anunciado que presentará alegaciones ante la CNMC. Además, afirma que “el procedimiento sancionador afecta únicamente a las ofertas al mercado realizadas por determinadas instalaciones de producción hidroeléctrica en las cuencas de los ríos Duero, Tajo y Sil entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013”.
Fuentes de la empresa esgrimen que en aquellas fechas la producción de las tres cuencas fue de 756 gigawatios/hora, lo que representó el 4,3% del total de la demanda. “Difícilmente se pueden manipular los precios con esos porcentajes”. Sobre el posible embalsamiento arguyen que la empresa hace un uso responsable del agua y que si se hubieran desembalsado también se les acusaría de hacerlo para subir los precios. Asimismo, recuerdan que en 2009 la Audiencia Nacional anuló una sanción similar impuesta por la antigua Comisión Nacional de la Energía.
Por otro lado, las autoridades de Competencia han llevado a cabo sucesivas investigaciones sobre actuaciones del sector. La última de ellas se abrió el pasado mayo y, en concreto, sobre los anuncios de las eléctricas por la sospecha de que pueden resultar equívocos y perjudicar a los consumidores.
La asociación de consumidores Facua emitió un comunicado en el que afirma que “espera que, de confirmarse las gravísimas irregularidades, Competencia aplique la multa máxima”. La asociación cree que las irregularidades investigadas “ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar una auditoría histórica sobre el déficit de tarifa para determinar si las eléctricas han hinchado artificialmente los precios”.
