Martin Mantxo (Ekologistak Martxan) (Gara)
«La lucha obliga a jerarquizar causas y objetivos», se
prioriza el bienestar de la gente, la salud, el trabajo... y ello
conlleva mucho tiempo y esfuerzo que el poder aprovecha para «intentar
metérnosla doblada» con modificaciones legales que casi no dan opción a
organizar una contestación. Como ejemplo de ello, el autor trae a sus
líneas la modificación del Reglamento de Instalaciones Nucleares
Radiactivas y los argumentos que utilizan para prorrogar Garoña durante
quince años más.
La politóloga Naomi Klein acuñaba aquel término tan
elocuente «doctrina del shock» para referirse a la utilización por el
poder del estado de conmoción generalizada en una sociedad tras una
catástrofe (muchas veces provocada por él mismo) para implantar
políticas de su conveniencia pasando por otrora sacrosantos derechos o
por conquistas sociales obtenidas tras años de lucha y sacrificios.
Muchos son los casos, algunos de una magnitud increíble como los de
Irak, Afganistán, a los que ahora se les une Libia, pronto Siria, etc...
en los que tras una guerra por control de los recursos se imponen
medidas para que entren a saco transnacionales y medidas de control
social.
Otros se aprovechan de desastres naturales, como fue el caso de Nueva
Orleans en EEUU o Indonesia tras el tsunami. Otros, de catástrofes de
índole económica como fue el caso de Argentina en 2001 tras la debacle
económica. Nuestro caso se asemeja un poco a este último. Claro está que
estamos lejos del desastre de Siria o Irak, pero seis años de «crisis»
dan para mucho. En nuestras calles vemos cómo la incesante lucha obliga a
priorizar causas y objetivos. Se prioriza el bienestar de las personas,
el que la gente tenga trabajo, una casa, comida, salud... y eso
conlleva mucho tiempo y esfuerzo, desde la defensa directa de casos
concretos a la defensa de derechos que se pierden. Y está claro que en
ese desgaste, en la intensidad de la lucha, el poder intenta metérnosla
doblada. Derechos incuestionables ahora lo son y cuando nos descuidamos
han cambiado la legislación, sin darnos opción a contestarlo.
El ejemplo más claro es quizás el del nuevo proyecto
de ley para el aborto, o el de control ciudadano. Caso sangrante fue el
cambio de la Constitución en 2011 (¿pero se puede modificar la
Constitución?) para satisfacer al gran capital y tenernos todavía más
agarrados, dando «prioridad absoluta» al pago de la deuda sobre los
demás gastos de las administraciones públicas.
Otra de modificaciones legales ha sido la del Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) con el único fin de
prorrogar la actividad de la central de Garoña, pero no únicamente, pues
el presidente del CNE ya planteó que la modificación legal daba opción a
abrir otras nuevas. Después de muchos dimes y diretes para mantener
Garoña abierta entre el Gobierno y la propietaria de la central nuclear
(Nuclenor: consorcio entre Endesa e Iberdrola) en el que parecían partes
en conflicto, ahora, tras la presentación de la solicitud para
continuar otros 15 años, este se ve más factible.No cabe duda que es una noticia trágica y que tendrá una respuesta desde algunas instituciones y desde los afectados más próximos, desde las calles, pero sin llegar al nivel anterior pese a tener tan próximos desastres como el de Fukushima (ahí siguen, tres años después sin saber cómo poner freno a las fugas radioactivas....).
La situación es grave no sólo por el estado de Garoña, que tras distintas prórrogas concedidas ya ha sobrepasado los 43 años de actividad (¡49 el reactor!) y que pese a muchos parches y reparaciones es tecnología muy antigua y sobre todo ha excedido la vida contemplada para las centrales nucleares que es de 40 años. Por lo tanto, otros quince se nos antoja excesivos.
Tampoco concuerda con las decisiones tomadas en
otros países tras Fukushima, como Alemania, de abandonar esta energía
tan peligrosa, cara y de tanto impacto social y ambiental. Pero esta
situación conlleva también dos aspectos importantes: el que el Gobierno
correrá (una vez más) con los gastos necesarios para poner Garoña en
marcha y que ascienden a ¡150 millones de euros!
Como decimos, «de nuevo», porque esta energía que nos venden como
barata tiene muchos gastos que se transfieren al Gobierno (los pagamos
con nuestros impuestos). Entre ellos el control de resíduos (con una
vida de más de 6.600 años) y que plantea la construcción de cementerios,
etc... (con todas las dificultades que supone) o como ahora se veía en
Garoña con su cierre, a los gastos de desmantelamiento, de la
transformación de sus residuos y elementos contaminados, o hasta la
alternativa económica que el Gobierno debía buscar para la zona. Ahora,
ante una posible continuidad, habrá que sumar los gastos asociados a un
posible accidente, como se añaden los de seguridad y asistencia médica a
todos esos afectados por la continua radiactividad. Ahora todavía más
por los riesgos que se adquiere al prolongar su vida.El otro aspecto va unido a este: esa inversión supone más deuda pero sobre todo significa el apostar por un modelo que ahonda en la dependencia, en el calentamiento global, en los impactos ambientales (muchos de esta energía: 1/5 del uranio usado en el estado proviene de Níger, 1/4 de Namibia, etc...) mientras sigue desechando el invertir en alternativas y en una transición a un modelo menos consumista, local y basado en las renovables.
Ese es otro aspecto, el de nuestra dependencia, que ocupa otro plano o se niega porque la prioridad es, como decimos, mantener el sistema actual y no plantear alternativas. En ese orden, continuamos siendo totalmente dependientes, como decimos a nivel energético: la total dependencia de uranio es extrapolable al petroleo y gas, los otros recursos en los que se cimienta el modelo. Pero también en otros ámbitos (materias primas para la industria, alimentación, etc). Dada nuestra participación en esta Europa hegemónica quizás podamos permitirnos el continuar de esta forma, pero está claro que cuando lo pasamos mal tampoco tenemos tantos ojos para aquellos que están peor ni para aquellos que sufren nuestros efectos. Esto es patente en nuestro tratamiento con aquellos cuyas economías dependen todavía más de la nuestra y otras, de los inmigrantes, etc, pero también de aquellos lugares que sufren el expolio y las malas prácticas que conlleva nuestro modelo (deuda ecológica, social, económica, etc).
Tampoco nos olvidemos en aras a qué se toman estas decisiones: a que la electricidad que consumimos (y despilfarran) siga teniendo un precio asequible. Pero es que la brecha de pobreza continúa con ese fenómeno que han dado en llamar «pobreza energética», mientras que las grandes eléctricas como las que nos incumbe (Iberdrola, Endesa, etc) siguen aumentando sus beneficios millonarios, y sus consejeros y presidentes también. Así que menos claudicación para favorecer solo a unos pocos.
Cómo no, estos no son los únicos casos, mientras asistimos a la introducción y publicación de cientos de casos de corrupción, mala gestión, mala inversión, etc. Los últimos casos de inflación y sobregasto en líneas del AVE no hacen más que añadir más porquería en un modelo de transporte que no es más que Alta Especulación y que solo ha generado deudas millonarias en detrimento de servicios básicos para una sociedad en progresivo declive. Las revelaciones de las deudas adquiridas por el TAV (en el caso de los gobiernos vasco y navarro mayor por lo que han adelantado de nuestros fondos) son bochornosas.
Mientras, aprovechando la coyuntura, también nos
quieren meter otros proyectos que siguen beneficiando a los mismos y
perjudicando al pueblo llano. Cómo no, esto se hace aduciendo a esa
falta de control de recursos, a la sostenibilidad energética, pero que
no hacen sino ahondar en el problema y en los impactos y no plantea
soluciones para salir de él. Ayer fue la planta de coque de Petronor en
Muskiz, hoy una carga de petróleo de arenas bituminosas responsable por
un ecocidio en Canadá y Estados Unidos en el puerto de Bilbo, y pronto,
de no pararlo, será el fracking que amenaza a casi todo nuestro
territorio.
Seguimos ahí, plantándole cara, pero esperemos que la situación que
atravesamos no nos haga ceder terreno a estos especuladores, negociantes
y políticos vendidos.
