Denuncia Ecologistas en Acción
El impuesto sobre el combustible gastado
que se debatirá mañana en el Congreso supondría una carga mucho menor
para Garoña de lo que se ha declarado oficialmente. Frente a los 150
millones de euros de los que hablaron los propietarios de la central
nuclear, los cálculos realizados por Ecologistas en Acción apuntan a
sólo 24 millones anuales. Los verdaderos damnificados de la reforma
fiscal son los consumidores y las energías renovables.
El argumento de la rentabilidad para el cierre de la central, que fue desconectada el pasado domingo, queda en entredicho y cobra más peso el del chantaje. El nuevo impuesto sobre el combustible gastado asciende a 2190 euros por kilo. La empresa propietaria, Nuclenor, expuso un cálculo anual de 150 millones. Siempre según esta empresa, este gasto junto con las inversiones requeridas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ascienden a entre 120 y 150 millones, bastaría para convertir en no rentable la explotación de la central.
Sin embargo, los costes reales del impuesto para Garoña serían menos de la sexta parte, según las cuentas de Ecologistas en Acción. Cada dos años se sacan 112 elementos combustibles del núcleo de Garoña -que tiene un total de 400 elementos combustibles, con un peso de 78,3 toneladas de uranio-. Esto supone un consumo de 10,9 toneladas de uranio al año, que si se multiplica por 2190 €/kg da la cifra de 24,0024 millones de euros.
Una cantidad considerablemente más baja de lo que Nuclenor muestra públicamente. En un año normal de funcionamiento, esto supone un sobrecoste de unos 0,64 céntimos de euro por kWh, que difícilmente afectaría a la rentabilidad de esta central nuclear. El coste total de 150 millones correspondería más bien al vaciado de todo el núcleo del reactor, que se produce en la parada definitiva de la central.
Los verdaderos motivos para la parada de Garoña obedecen a una estrategia política por un lado y a la inseguridad técnica por otro. Parece evidente que Nuclenor tiene el temor fundado de que se produzca una posible avería que dé lugar a una larga parada para reparaciones en la central, lo que sí que imposibilitaría la amortización de la planta. Ante este riesgo cierto, al sector nuclear le resulta más conveniente sacrificar Garoña para presionar al gobierno e intentar liberar al resto de las centrales de este nuevo impuesto.
Para Francisco Castejón, portavoz para temas nucleares de Ecologistas en Acción, “el debate sobre el efecto del nuevo impuesto sobre la generación nuclear está haciendo que se olviden a los verdaderos damnificados de la reforma fiscal: los consumidores, que asumirán finalmente el incremento del coste de la generación de la electricidad, puesto que las eléctricas lo repercutirán en el coste final del kWh, y las energías renovables que, por funcionar a precio fijo, no pueden cargar este impuesto en el precio final de la energía”.
El argumento de la rentabilidad para el cierre de la central, que fue desconectada el pasado domingo, queda en entredicho y cobra más peso el del chantaje. El nuevo impuesto sobre el combustible gastado asciende a 2190 euros por kilo. La empresa propietaria, Nuclenor, expuso un cálculo anual de 150 millones. Siempre según esta empresa, este gasto junto con las inversiones requeridas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ascienden a entre 120 y 150 millones, bastaría para convertir en no rentable la explotación de la central.
Sin embargo, los costes reales del impuesto para Garoña serían menos de la sexta parte, según las cuentas de Ecologistas en Acción. Cada dos años se sacan 112 elementos combustibles del núcleo de Garoña -que tiene un total de 400 elementos combustibles, con un peso de 78,3 toneladas de uranio-. Esto supone un consumo de 10,9 toneladas de uranio al año, que si se multiplica por 2190 €/kg da la cifra de 24,0024 millones de euros.
Una cantidad considerablemente más baja de lo que Nuclenor muestra públicamente. En un año normal de funcionamiento, esto supone un sobrecoste de unos 0,64 céntimos de euro por kWh, que difícilmente afectaría a la rentabilidad de esta central nuclear. El coste total de 150 millones correspondería más bien al vaciado de todo el núcleo del reactor, que se produce en la parada definitiva de la central.
Los verdaderos motivos para la parada de Garoña obedecen a una estrategia política por un lado y a la inseguridad técnica por otro. Parece evidente que Nuclenor tiene el temor fundado de que se produzca una posible avería que dé lugar a una larga parada para reparaciones en la central, lo que sí que imposibilitaría la amortización de la planta. Ante este riesgo cierto, al sector nuclear le resulta más conveniente sacrificar Garoña para presionar al gobierno e intentar liberar al resto de las centrales de este nuevo impuesto.
Para Francisco Castejón, portavoz para temas nucleares de Ecologistas en Acción, “el debate sobre el efecto del nuevo impuesto sobre la generación nuclear está haciendo que se olviden a los verdaderos damnificados de la reforma fiscal: los consumidores, que asumirán finalmente el incremento del coste de la generación de la electricidad, puesto que las eléctricas lo repercutirán en el coste final del kWh, y las energías renovables que, por funcionar a precio fijo, no pueden cargar este impuesto en el precio final de la energía”.
