El Movimiento de los Afectados por Represas (MAB) ha denunciado en Euskal Herria la responsabilidad de Iberdrola en Baixo Iguaçu. Iberdrola posee el 52% de Neoenergía en Brasil. El proyecto de hidroeléctrica de Baixo Iguaçu está acarreando diversas violaciones de derechos humanos. Además de participar en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco el representante del MAB Robson Formica participó en debates sobre modelo energético y violación de derechos humanos. También llevo este caso a Bruselas (Bélgica).
La central hidroeléctrica Baixo Iguaçu comenzó a ser construida en julio de 2013 y hasta el momento las familias afectadas no han visto su derecho al reasentamiento rural colectivo garantizado. Este es uno de los condicionante en el licenciamiento ambiental. La construcción de la usina está concluida casi en un 80%, pero en todo ese período, el consorcio constructor y el Instituto Ambiental del Paraná (IAP) no han garantizado la construcción del reasentamiento para aquellas familias desplazadas por el embalse. Hay informes de coacción a las familias para aceptar otras modalidades de indemnización o compensación debido a la demora.
Además, el proceso de lucha por los derechos ha provocado la criminalización de activistas, además de uso de la violencia del Estado para reprimir a quien busca garantizar sus derechos. En total, más de 30 personas han sufrido y sufren algún tipo de criminalización, ya sea por medio de prohibiciones, de investigaciones policiales, procesos de expropiación judicial o incluso de proceso criminal.
Cuando concluyó la obra, cerca del 60% de la energía generada será vendida a Vale, minera responsable del crimen ocurrido en Mariana (MG) hace casi dos años, donde las familias aún no han sido indemnizadas, ni reasentadas.
Golpe de estado y retrocesos
El 19 de octubre, el representante del MAB de gira por Europa también se reunió con los grupos políticos Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica y Unidos Podemos, en la sede del parlamento europeo en Bruselas, en Bélgica. De nuevo, el MAB presentó la denuncia sobre el caso del Bajo Iguazú como un ejemplo concreto de violación de derechos humanos en la construcción de represas en Brasil.
En la oportunidad también fueron denunciadas las medidas de supresión de derechos del pueblo brasileño, impuestas por el gobierno golpista de Michel Temer, como el congelamiento de las inversiones en educación y salud por 20 años, el fin de los derechos laborales, amenaza a los derechos de la seguridad social y la sistemática entrega del patrimonio público de las empresas estatales por medio de privatización.
