Antonio Aretxabala Díez ha contribuido con un capítulo sobre la
corrupción hidroeléctrica en el libro «Corruptos y corruptores» (SIGLO XXI- 9788432321818) de David García-García y Guillermo Santander-Campos. En él señala el caso de Iberdrola como uno de los más significantes de corrupción hidroeléctrica (lee todo el texto en su blog):
«En otro orden de cosas, hablando exclusivamente de la generación eléctrica, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) propone que para 2030 el 74% de la generación de energía provenga de fuentes renovables, por lo que el gobierno español espera instalar 27.000 MW de potencia hidroeléctrica, prestando especial atención, después del apagón del 28 de abril de 2025 a la energía hidroeléctrica inversa como respaldo. La presidenta de Red Eléctrica culpó en su comparecencia a las empresas eléctricas, y en concreto a Iberdrola (pero sin nombrarla) del apagón. No obstante, tampoco aclaró por qué no se activaron las centrales hidroeléctricas para evitar la caída total del sistema.
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Iberdrola y la manipulación del precio de la electricidad con el uso de embalses concedidos
En 2013 se acusó a Iberdrola de cerrar de forma deliberada algunos embalses en las cuencas del Duero, Tajo y Miño-Sil para reducir la producción hidroeléctrica (que por lo que hemos apuntado es barata) con la finalidad de disparar el precio de la electricidad, favoreciendo fuentes de energía más caras para su propio beneficio. La Fiscalía Anticorrupción solicitó multas y penas de cárcel para varios directivos. En 2024 la compañía es absuelta y en 2025 pide la retirada de la sanción que aún sigue en la sala de lo contencioso. Añadía el juez en 2024 que «resulta francamente harto complicado apreciar la existencia de un delito por la realización de algo que entonces no estaba prohibido y por tanto se encontraba legalmente permitido». Además, el fallo señala que hubo otras eléctricas que a la sazón también ofertaron precios elevados y sorprendentemente descarta que Iberdrola tuviese alguna intención de represaliar al Gobierno por la retirada en los Presupuestos del Estado de 2014 de una partida 3.600 millones de euros a la que se había comprometido el exministro José Manuel Soria con las eléctricas para paliar el déficit eléctrico.
En 2021, un año que no fue especialmente seco, se repitió el patrón con el vaciado del embalse de Ricobayo en el río Esla, el mayor de producción hidroeléctrica de Zamora. Una veintena de municipios se quedaron sin abastecimiento y desamparados por las leyes españolas apelaron a la Comisión Europea para reclamar a Iberdrola cambios en la gestión. El embalse pasó en cuatro meses del 95% de su capacidad al 12% con dos caídas muy bruscas, una en abril y otra en julio, que la empresa registró en el contexto de subida del precio del gas y la mayor demanda de producción hidroeléctrica. Estas prácticas fueron denunciadas ese mismo año en Extremadura y otras áreas de la geografía andaluza y castellana. También en 2023 y 2024 nos encontramos con el mismo patrón y las denuncias correspondientes.
No era nada nuevo, ya en 2002 se denunciaba que las eléctricas usaban el agua de forma injusta, especialmente cuando los embalses se vacían o se regulan para maximizar beneficios en momentos de precios altos. Nunca hubo manera de demostrar corrupción, sin embargo, el bolsillo del consumidor se fue resintiendo con el tiempo a pesar de la implantación masiva de las llamadas renovables de carácter eléctrico e industrial (eólica y fotovoltaica) con la promesa del abaratamiento de la energía. Pero quizás los casos más sangrantes de irregularidad o corrupción no reconocida sobre el papel vengan del abuso de las grandes empresas, quienes las financian y quienes desde las administraciones permiten sus excesos y atropellos, arrasando y demoliendo comunidades enteras expropiadas de manera forzosa y violenta si perciben un beneficio cortoplacista.»
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