(de cronicaglobal.elespanol.com/ por Josep Maria Cortés, 18.11.2019)
El juez imputa a la compañía eléctrica Iberdrola por varios delitos graves en la instalación de una central fotovoltaica en Extremadura, proyectada como la más grande de Europa y situada en el municipio de Usagre (Badajoz). Iberdrola habría expropiado de forma irregular una finca de más de 500 hectáreas donde ha colocado el grueso las placas fotovoltaicas, afectando además una zona de acuíferos y yacimientos arqueológicos protegidos.La denuncia de la fiscalía contra la promotora de la central fotovoltaica, que tiene previsto entrar en funcionamiento en 2020, ha sido admitida a trámite. Esta promotora es propiedad de la mercantil Proyecto Núñez de Balboa SL, sociedad vehicular de Iberdrola Renovables Energía SA. La investigación ya en marcha contempla los presuntos delitos de prevaricación urbanística, estafa, tráfico de influencia y corrupción en los negocios. El exalcalde de Usagre habría podido favorecer a la promotora de la planta fotovoltaica en la concesión de la licencia de obras.
Como 1.000 campos de fútbol
La nueva planta de Iberdrola tiene una extensión de más de 1.000 campos de fútbol con una potencia instalada de 500 megavatios. El proyecto ya terminado puede convertirse en un callejón sin salida para Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, como ya ocurriera con las centrales eólicas de Castilla-Leon, con 21 municipios implicados.
En el caso de Extremadura, las discutibles actuaciones urbanísticas de Iberdrola se concentran en la expropiación. Los dueños de esta inmensa finca extremeña fueron desinformados por la compañía eléctrica, que ha podido usar una sociedad instrumental para expropiar la tierra en contra de la voluntad de sus dueños.
Datos falseados
Además, Iberdrola obtuvo la licencia de obras del Ayuntamiento de Usagre mediante falsedades en su solicitud y graves y reiteradas irregularidades administrativas en su tramitación. Estos hechos están siendo investigados ya por el juzgado de Llerena a petición de fiscalía. Asimismo, las licencias de obras del Proyecto Núñez de Balboa se hallan recurridas en vía contencioso administrativa por varios propietarios afectados.
La fiscalía provincial de Badajoz recibió procedente de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid una denuncia sobre hechos que pudieran ser constitutivos de infracción penal. La fiscalía presentó una denuncia contra directivos de Iberdrola (Nicolás Antón García, apoderado de Iberdrola Renovables Energía SA y apoderado de Proyecto Núñez de Balboa SL) y José González Bujanda, administrador mancomunado de Proyecto Núñez de Balboa SL y apoderado de Iberdrola Renovables Energía SA (este último está citado en calidad de testigo no de imputado) y contra el exalcalde del ayuntamiento de la localidad de Usagre (Antonio Luna González).
La trama
La compañía eléctrica adquirió la promotora a Eco-Energías del Guadiana SA, propiedad a su vez de José Luís Joló Marín también investigado. Eco-Energías fue socia única del Proyecto Núñez de Balboa y le confió su propiedad para que pudiera promoverse la central fotovoltaica. Sin embargo, esta propiedad ha sido afectada y expropiada de forma irregular por no aceptar el trato de alquiler que Iberdrola quería imponerle (600 euros/hectárea) a precios más de dos veces por debajo del mercado (1.400 euros/hectárea).
La fiscalía hace constar en su denuncia que el exalcalde de Usagre sabía al conceder licencia de obras que no se daban todos los requisitos legales, “vulnerando los derechos del propietario de los terrenos”, dice la acusación. A estos derechos del propietario debía sumarse el consentimiento de otro de los propietarios afectados, cuando la ley lo exige como es el caso.
Camino de la expropiación
Iberdrola alquiló los terrenos de Natura Mánager SL para obtener los permisos y autorizaciones para instalar la planta fotovoltaica; y cuando concretó las condiciones del alquiler consiguió estos permisos “no habiendo advertido al propietario de los terrenos, de que los trámites de autorización del proyecto posibilitaban su expropiación”, dice el escrito de fiscalía.
Con el arrendamiento en la mano, Iberdrola solo tuvo que esperar; y esperó hasta el 10 de enero de 2019, fecha en la que se “firmaron las actas previas de ocupación de la finca” sin haber abonado hasta la fecha ni siquiera los daños y perjuicios por rápida ocupación. En la misma denuncia se pone de manifiesto que las obras de instalación de la central se realizan en terrenos clasificados como suelo no urbanizable, protegido, según se lee en el Informe Técnico Municipal.
Propietario estafado
La fiscalía considera que el propietario ha sido estafado y que Iberdrola ha incumplido además los trámites que requiere una intervención urbanística como es la instalación de una planta fotovoltaica de gran tamaño. La compañía habría ocultado la implicación que tendría para el propietario la legislación que regula los proyectos de generación y suministro eléctrico y que permitirían la expropiación de los terrenos afectados a precio de saldo.
La multinacional se ha hecho con el control de la propiedad del terreno respaldada por la calificación de interés público que tiene toda central de generación y distribución. Utilizó la cobertura que ofrece un sector regulado y estratégico, como es el suministro de luz, para avanzar la instalación y disminuir el coste de la infraestructura.
Nada para el territorio
Los beneficios para el territorio han sido mínimos. En la etapa de promoción, el Ayuntamiento de Usagre llegó a publicar en su Facebook un bando en el que informaba de la creación de 1.800 puestos de trabajo. Pero la realidad ha sido muy distinta: en la construcción de la central han intervenido no más de 150 personas de Usagre y alrededores, y el funcionamiento de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa no creará más de diez empleos.
Como ocurre con todas las empresas generadoras, el valor de la instalación será evacuado por una línea de alta tensión sin que redunde ni un solo euro en beneficio del territorio, lo que contradice las promesas de enriquecimiento para la zona que argumentó Iberdrola en el momento de promover su nueva planta. Además, el municipio también pierde por el lado tributario porque, para incentivar el uso de renovables, las administraciones locales exoneran un 95% del Impuesto de Construcciones que va unido a la licencia de obras.
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