La Campaña Euskal Herriak Kapitalari Planto! se ha manifestado hoy 29 de marzo fuera de la Junta de Accionistas que como cada año Iberdrola celebraba en el Palacio Euskalduna de Bilbo. Euskal Herriak Kapitalari Planto! dejó claro que los beneficios de Iberdrola son producto de políticas contrarias a la sociedad, otros pueblos y el medio ambiente.Un año más, la Junta de Accionistas de Iberdrola se reúne en Bilbao, y desde la Campaña Euskal Herriak Kapitalari planto! nos sumamos a las organizaciones que los últimos años se han movilizado cada primavera para denunciar los impactos de la multinacional.
Mientras la junta hace balance de los resultados económicos de 2018 y Sánchez Galán, su presidente, se llena la boca vendiendo las inversiones verdes de la compañía; desde la campaña denunciamos que los beneficios obtenidos son fruto del sistemático desmantelamiento de lo público, de la desposesión de personas y pueblos, y la vulneración de derechos.
Exigimos, a su vez, que las instituciones públicas, especialmente las vascas, dejen de extender alfombras rojas a Iberdrola, confundiendo el interés privado con el bien común. No nos creemos la propaganda corporativa que cada año, durante sus Juntas de Accionistas, nos vende que “nuestras empresas” son un ejemplo de buenas prácticas, así como socios imprescindibles para impulsar el desarrollo.
Los beneficios de Iberdrola son nuestra miseria. Mientras que los resultados económicos de la empresa siguen creciendo, con un “beneficio récord” de 3.014 millones de euros en 2018 (7,5% más que el año anterior), cada vez hay más hogares de Euskal Herria que sufren pobreza energética. La tarifa aumenta sin cesar: el pasado enero un 5’6%, llegando a subir la media pagada hasta los 73,64€. La electricidad en el estado es la quinta más cara de Europa.
Además, las instituciones, en vez de obligar a la empresa a cumplir sus obligaciones y garantizar el derecho al acceso a la energía, contribuyen a la criminalización y estigmatización de las personas que no pueden pagar las altas tarifas eléctricas; en especial de las mujeres que son las que en mayor medida asumen la responsabilidad de garantizar la reproducción de la vida en los hogares.
Lavado de cara verde y feminista para inversiones criminales. A la trabajada imagen de Iberdrola como empresa responsable con el medioambiente, se le han sumado más recientemente los intentos de vender su compromiso con la igualdad, sobre todo a través de su financiación de la liga de fútbol femenina. Imágenes falsas que no consiguen encubrir una gestión que busca la maximización de beneficios a cualquier precio.
Iberdrola aprovechó la COP23 de Bonn para desplegar una gran campaña publicitaria anunciando el cierre de centrales térmicas de carbón, lo que callaba es que estas no le eran ya rentables. Además, la entidad sigue produciendo energía de formas contaminantes, con centrales nucleares y térmicas y de gran impacto ambiental como las hidroeléctricas; y sus inversiones en energías renovables se reducen a la eólica (con el consabido freno que impusieron a la solar instigando el Impuesto al Sol) y reproducen un modelo basado en el expolio y el acaparamiento.
Ejemplo de ello son sus inversiones en grandes presas, que insisten en incluirlas como renovables cuando conllevan grandes emisiones de metano, el gas de mayor efecto invernadero. Iberdrola es copropietaria de Belo Monte, el segundo mayor embalse de Brasil, responsable del desplazamiento de pueblos indígenas, así como de su criminalización y represión, que también ha generado graves impactos ecológicos; además de participar de los embalses de Baixo Iguaçu, Teles Pires y el paralizado Tapajós. La imposición de estos megaproyectos energéticos ha generado un régimen de terror y criminalización, como demuestra el asesinato de la activista del MAB (Movimiento de Afectadas por las Represas, de Brasil) Dilma Ferreira y otras dos personas el pasado 22 de marzo. Otro ejemplo de inversiones con graves consecuencias son los cinco parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec (México). El corredor eólico del Istmo ha generado graves impactos sociales, económicos, ambientales y culturales, así como la represión de las personas que se oponen al proyecto. Varios defensores y defensoras han sido asesinadas, amenazadas y criminalizadas. Además, Iberdrola también resultó culpable de corrupción por pagos a políticos del PP para desarrollar parques eólicos en Castilla León.
Pese a todo ello, las instituciones vascas se ponen al servicio de los intereses de Iberdrola. Una empresa que, como todas las energéticas privatizadas, se beneficia de una situación de monopolio frente al que las instituciones no ponen ningún control. Las tarifas siguen subiendo y las instituciones no ponen medidas efectivas para regular el precio de la energía o impedir a las empresas efectuar cortes de luz. Mientras tanto, blindan los contratos públicos con las grandes suministradoras, con centrales de compra a las que las pequeñas cooperativas no pueden acceder. Estos intereses, además, están bien defendidos por las “puertas giratorias” entre Iberdrola y la élite política (Acebes, Atutxa, de Miguel, Ares, Bono, López del Hierro, etc.).
Además, el Gobierno vasco también colabora en la internacionalización empresarial de la entidad, poniendo a su servicio los múltiples instrumentos de diplomacia económica y apoyo comercial. Por el contrario, no establece ningún mecanismo de control sobre esta, cuando ha quedado documentada la sistemática vulneración de derechos también en otros países.
Por último, esta ofensiva mercantilizadora de desmantelamiento de lo público y desposesión de personas y pueblos se verá fortalecida si se aprueban los tratados comerciales que la Unión Europea negocia. Los tratados comerciales protegen las inversiones de las grandes corporaciones frente a políticas públicas desfavorables para sus intereses; permitiendo, por ejemplo, que Iberdrola acuda a tribunales de arbitraje para frenar políticas o conseguir sustanciosas indemnizaciones. Se instaura, por tanto, un gobierno de facto de las grandes empresas vía tribunales de arbitraje y armonización normativa.
Por eso, ¡Frente a Iberdrola, al poder corporativo y a los tratados comerciales, defendemos la vida y el planeta!
