Hiru proiektuetan parte hartzen du Neoenergiak, Iberdrolaren adarra Brasilen.
El pasado septiembre se dieron ocupaciones de las obras de los embalses de Baixo Iguaçu y belo Monte y un Juez ordenó la paralización de la de Teles Pires. En los tres proyectos participa Neoenergia, la filial de Iberdrola en Brasil.
más información: MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens de Brasil)
Baixo Iguaçu:
La central hidroeléctrica Baixo Iguaçu pertenece a la filial brasileña de Iberdrola, Neoenergia. Afectados por este embalse ocuparon la zona de obras el pasado 9 de septiembre exigiendo su paralización. Este embalse y la central hidroelétrica será la sexta no Rio Iguazú y afectará cinco ciudades. Se construirá en el Parque Nacional de Iguazú (PNI), río arriba de las famosas cataratas, entre Capanema y Capital Leônidas Marques. Con un presupuesto de 1,32 billones de reales, la propietaria es el consorcio Geração Céu Azul, formado por la filial de Iberdrola, Neoenergia (70%) y la Companhia Paranaense de Energia (COPEL) (30%). Geração Céu Azul (Generación Cielo Azul) alega creará 3.500 empleos. La central hidroeléctrica tendrá una capacidad instalada de 350 megawatts (MW) y una potência asegurada de 172,8 MW con tres turbinas tipo Kaplan. Será construida por Odebrecht Infraestrutura, quien ya ha dado inicio a las obras .
La compañía alega que pagaría más 7 millones de reales en impuestos por la utilización de recursos hídricos. La central preve proveer de energía a un millón de personas, pero las personas afectadas son unas 700 mil que no recibirán ningún tipo de indemnización
Unos 300 campesinos cuyas tierras serán inundadas ocuparon la obra en la capital Leônidas Marques, al suroeste de Paraná, anunciando que permanecerían acampados. Exigían negociaciones con los directores de las empresas y denuncian "violación de derechos". Precisan la elaboración de un nuevo catastro para el reasentamiento de la obra iniciada en julio así como revisión de indemnizaciones. Ya bloquearon el acceso a las obras el 11 y el 15 julio pero fueron desalojados. Se ha creado un grupo de representantes de distintos sectores sociales en los que se incluye al MAB (Movimiento de Afectad@s por los Embalses). El MAB reivindica una Política Nacional de Derechos de las Poblaciones Afectadas.
Teles Pires:
El 16 de septiembre, el juez federal Antônio Souza Prudente paralizó la construcción del embalse Teles Pires acusándolo de grave negligencia en el análisis de impactos en los pueblos indígenas afectados y sus territorios, en concreto los pueblos Kayabi, Munduruku y Apiaka
Este es el primero de los seis embalses que se planean comstruir, en este afluente del río Tapajós, a su vez, uno de los afluentes principales del Amazonas. El proyecto total tiene un presupuesto de 2 billones de dólares, de los cuales 800 millones provienen del Banco Nacional de Desarrollo brasileño (BNDES). Según este caso la Empresa de Investigación Energética (EPE) dependiente del Ministerio de Minas y Energía del gobierno brasileño excluyo el elemento indígena del estudio medioambiental del proyecto. EPE planeaba usar el mismo estudio para otros dos embalses en el mismo río São Manoel y Foz de Apiacás. Un año después de presentar el estudio, EPE facilitó un añadido exclusivamente sobre la afección a pueblos indígenas pero entonces la gubernamental FUNAI (Fundación Nacional del Indio) criticó graves carencias en el informe sobre todo en lo respectivo a impactos río abajo del embalse proyectado en pesca y la destrucción de Sete Quedas, un conjunto de rápidos y cascadas de gran valor cultural, religioso y arqueológico para esos tres pueblos. Bajo presión y pensando que estos errores se enmendarían, FUNAI concedió una licencia ambiental de primera fase, pero las fallas nunca se revisaron y se dio inicio a su construcción. El río Teles Pires ya ha sido desplazado de su canal natural con consecuentes impactos en reducción del caudal, reducción de pesca y afectando ya a las poblaciones río abajo de pueblos Kayabi and Munduruku. Dos años después de que comenzara la construcción todavía EPE no ha presentado el estudio final de afección de los pueblos indígenas para la aprobación de FUNAI. El proyecto de embalse y central hidroeléctrica de Teles Pires tendrá una potencia instalada de 1,820 MW y será la 2ª más grande tras Belo Monte.
Este embalse es parte del Programa de Acelerado Crecimiento del gobierno de Dilma Rousseff. Se espera que el gobierno presente una alegación en la Corte Suprema. Mientras, de no respetarse la decisión la corte ha establecido una multa de 500 mil reales por día.
El embalse pertenece al consorcio Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CHTP) con participación del Banco de Brasil, la estatal energética Eletrobras y Neoenergia (participada por Iberdrola) y la transnacional de la construcción Odebrecht. Los otros cuatro embalses de este megaproyecto son: São Manuel (746 MW), Sinop (461 MW), Colíder (342 MW), Foz do Apiacás (275 MW) y Magessi (53 MW).
Belo Monte :
Ese mismo día unos 150 indígenas afectados por la construcción de la presa de Belo Monte en la Amazonia brasileña ocupó uno de los campos de trabajo principales del proyecto, deteniendo las actividades de construcción. L@s indígenas pertenecen a los pueblos Parakanã y Juruna. En el corte de carretera exigía que la consorcio constructor Norte Energia respete su obligación de impedir invasores en territorios indígenas.
Esta fue la octava ocasión en que las obras de Belo Monte se ha ocupado desde 2012. Las comunidades indígenas y locales recurren cada vez más a la acción directa para tratar de forzar Norte Energia y el gobierno brasileño a reconocer sus derechos legales y constitucionales. En junio realizaron una ocupación de 17 días . Los pueblos indígenas se enfrentan con una invasión de granjeros, acaparadores de tierras, mineros , madereros y colonos que se aprovechan de las vías abiertas para la construcción del embalse. Hen muchas ocasiones estos se enfrentan a las poblaciones locales y suponen una amenaza física real, sintiéndose muy vulnerables.
Desde que la construcción se inició en 2011, decenas de miles de personas han emigrado a la región del bajo Xingu en busca de trabajo. Como sólo un pequeño porcentaje de los inmigrantes han encontrado empleo directo en Belo Monte, muchos han buscado medios alternativos de subsistencia en las zonas protegidas de la región, lo que agrava enormemente los conflictos de tierras y provoca también la deforestación ilegal y ha contribuido a la inestabilidad social.
Esta movilización ocurrió en un momento en que el consorcio se enfrenta también a grandes multas por negligencia en su respeto a los pueblos indígenas. El Ministerio Público Federal de Brasil ( MPF ) presentó recientemente demandas exigiendo la rendición de cuentas del consorcio Norte Energia por el incumplimiento de las medidas y la Corte Federal del Estado de Pará respondió la semana pasada dando a Norte Energia 60 días para comprar el terreno Juruna y facilitar atención de salud o enfrentarse a multas diarias de 87.000 dólares .
